Las 16 clínicas veterinarias de la Costa de Granada se sumaron a la huelga general

Las 16 clínicas veterinarias de la costa de Granada secundaron la huelga general convocada en toda España, en señal de protesta por la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, el cual regulaba la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios. Aunque los profesionales del sector coincidieron en la necesidad de un control adecuado, cuestionaron profundamente la manera en que se había implementado la normativa y pidieron que sus preocupaciones fueran tomadas en cuenta.

Este Real Decreto, que comenzó a aplicarse a principios de ese año, establecía nuevas restricciones sobre la prescripción de antibióticos para animales de compañía, obligando a una comunicación formal sobre cada prescripción de estos medicamentos. Sin embargo, los veterinarios aseguraron que la legislación no solo dificultaba su labor diaria, sino que ponía en peligro la salud de los animales, las personas y el medio ambiente.

En particular, los profesionales criticaron las restricciones impuestas a la administración de antibióticos, calificándolas de «excesivas» y «arbitrarias». Según los Empresarios Veterinarios, esta medida interfería directamente con los principios científicos que guiaban la práctica veterinaria, además de contravenir el código deontológico que vela por el bienestar del paciente. Asimismo, señalaron que la nueva normativa imponía una burocracia innecesaria, sobre todo con la obligación de registrar cada prescripción a través del sistema Presvet, lo que consideraron un obstáculo para ofrecer una atención clínica adecuada.

Cada día, los veterinarios dijeron encontrarse en la tesitura de cumplir la ley y no tratar a sus pacientes como los estudios científicos explicaban, ya que la ley actual no contemplaba todas las modalidades de tratamiento que tienen en el ejercicio de su profesión. «Pero como siempre hemos hecho, anteponemos la ciencia, el criterio clínico y nuestro código deontológico, para tratar correctamente a nuestros pacientes como necesitan, lo que nos deja en una situación de inseguridad jurídica que nos expone a sanciones muy elevadas, llegando a ser prohibitivas en el caso de los antibióticos. Solo por ejercer bien nuestra profesión», señalaron en una nota informativa.

Los veterinarios de la costa de Granada «no deseaban que se cuestionara su profesionalidad», o que «su criterio clínico se criminalizara»: «NO al 666/2023».