La ELA de Carchuna-Calahonda denuncia la llegada de más de 100 migrantes al Hotel La Perla sin autorización ni previo aviso. Un hotel que llevaba años cerrado

Motril@Digital.- La Entidad Local Autónoma (ELA) de Carchuna-Calahonda expresa su sorpresa e indignación ante la llegada, en la mañana de hoy, de más de un centenar de personas migrantes al Hotel La Perla, un establecimiento cerrado desde hace años y sin condiciones de habitabilidad, ubicado en primera línea de playa en esta pedanía de Motril.

Estas personas, trasladadas en tres autobuses por el Gobierno central y acompañadas por una ONG, se encuentran en proceso de solicitud de protección internacional. Según fuentes gubernamentales, todos los documentos están en regla y la acción forma parte de un dispositivo de atención humanitaria.

Sin embargo, el presidente de la ELA, Juan Alberto Ferrer, ha denunciado públicamente que no ha existido ninguna comunicación previa oficial sobre esta operación. “Esta decisión se ha adoptado con nocturnidad y alevosía. Me avisaron esta mañana cuando los autobuses ya estaban en el hotel”, ha declarado. Además, ha subrayado que “el Hotel La Perla no cuenta con licencia ni autorización alguna para su uso como alojamiento”, y ha recalcado que la ELA no ha dado el visto bueno a esta iniciativa.

Ferrer advierte de que “cualquier responsabilidad derivada del uso de estas instalaciones deberá asumirla quien haya autorizado esta medida, no esta entidad local”, reiterando que el inmueble no está habilitado para alojar personas.

La llegada repentina de más de 100 personas, algunas sin documentación visible, ha generado inquietud entre los vecinos de esta pedanía de unos 4.500 habitantes. “Es comprensible que la población experimente temor ante una situación inesperada y sin información previa. No se puede culpar a la sociedad por sentir incertidumbre ante lo desconocido”, ha añadido el presidente.

Desde la ELA de Carchuna-Calahonda se solicita al Gobierno central y a la Subdelegación del Gobierno en Granada una explicación clara de los hechos, así como una coordinación adecuada con las administraciones locales implicadas para evitar situaciones similares en el futuro.