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El Congreso aprueba que los okupas deben dejar la vivienda en 24 horas

Esta norma plantea que una vez que una autoridad pública requiera el desalojo de un inmueble ocupado de manera ilegal, el ocupante debe dejar la vivienda en 24 horas o demostrar que tiene autorización para estar en ella. En caso de que no puedan acreditarlo, los agentes procederán a echar al ocupante.

El Pleno del Congreso de los Diputados en España aprobó una reforma legal propuesta por el Partido Nacionalista Vasco (PNV) que busca acelerar los procesos judiciales relacionados con desahucios en casos de ocupación ilegal de viviendas, particularmente cuando se trate de allanamiento de morada. Este cambio se introduce en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y ha generado un intenso debate político, tanto por su contenido como por las alianzas que lo han hecho posible.

Detalles de la reforma

La enmienda propuesta por el PNV tiene como objetivo reducir los tiempos en los que los propietarios pueden recuperar su vivienda cuando se trate de allanamientos de morada, es decir, cuando la vivienda ocupada sea la residencia habitual o secundaria de alguien. Según el texto aprobado, se establece un procedimiento más rápido para estos casos, con el fin de garantizar la protección del derecho a la propiedad y a la inviolabilidad del domicilio.

Este cambio supone una respuesta a las críticas de propietarios afectados por ocupaciones, que han denunciado largos procesos judiciales para desalojar a los ocupantes ilegales. Sin embargo, también ha levantado preocupaciones sobre posibles vulneraciones de derechos de personas en situación de vulnerabilidad.

Alianzas y votos en el Congreso

La aprobación de esta medida ha sido posible gracias al apoyo del Partido Popular (PP), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y EH Bildu, partidos de orientaciones políticas muy diversas, lo que subraya lo inusual de esta coalición de intereses. Por otro lado, los partidos del Gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos, votaron en contra, alegando que la propuesta no protege adecuadamente a las personas en situación de vulnerabilidad y puede facilitar desalojos arbitrarios sin garantías suficientes.

La postura del PNV fue respaldada por argumentos en favor de la protección del derecho de los propietarios y el refuerzo de la seguridad jurídica. No obstante, sus aliados en esta votación, como ERC y Bildu, justificaron su apoyo desde otras perspectivas, como el intento de regular el fenómeno de la ocupación de una forma más efectiva y clara.

Reacciones y controversias

La medida ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y social.

Gobierno: Desde el PSOE y Unidas Podemos, se ha expresado preocupación por los efectos sociales de la reforma, advirtiendo que podría ser utilizada para agilizar desahucios en contextos de alta vulnerabilidad social y económica. Unidas Podemos criticó especialmente a ERC y Bildu, aliados habituales en otras iniciativas progresistas, por apoyar la propuesta.

Oposición: Por el contrario, el Partido Popular celebró la aprobación de esta medida, destacando que responde a una demanda social de mayor agilidad para combatir la ocupación ilegal y proteger a los propietarios.

Organizaciones sociales: Asociaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros colectivos sociales han manifestado su rechazo, señalando que la reforma podría aumentar los desalojos exprés sin ofrecer alternativas habitacionales para las personas más desfavorecidas.

Impacto político

Este episodio evidencia tensiones tanto dentro del Gobierno como entre los diferentes bloques parlamentarios. Para el PNV, la aprobación de esta reforma refuerza su papel como actor clave en el Congreso, capaz de negociar con diversos sectores políticos. Sin embargo, el apoyo de ERC y Bildu a esta medida, vista como favorable a los propietarios, ha sido un golpe inesperado para Unidas Podemos y otros grupos progresistas.

La medida también llega en un contexto de creciente presión social por la falta de vivienda accesible y el aumento de la ocupación ilegal, lo que refuerza la polarización en torno a cómo abordar este problema.