COAG cifra en unos 72 millones la evasión fiscal en la importación de tomate marroquí a la UE

La organización agraria  considera que estas importaciones no liquidadas suponen un «delito» fiscal» contra el que estudia recurrir a los tribunales de la Unión Europea (UE).

COAG ha presentado este jueves estos cálculos durante una jornada virtual en la que ha analizado tanto las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE contra el acuerdo comercial con Marruecos como el impacto de sus importaciones, especialmente las hortofrutícolas.

A la jornada han asistido representantes del Frente Polisario, de ONG implicadas en el conflicto con el Sahara Occidental y de la Confédération Paysanne, organización agraria francesa.

El responsable sectorial de frutas y hortalizas de COAG, Andrés Góngora, ha detallado que según los cálculos desde 2019 hasta ahora los importadores de Marruecos han dejado «sin liquidar» y sin pagar tasas arancelarias por valor de 14 millones anuales, como mínimo.

Al respecto, ha recordado que el acuerdo entre la UE y Marruecos permite importar 285.000 toneladas de tomate marroquí al territorio comunitario sin arancel -entre octubre y abril- y siempre que el precio de entrada sea superior a los 46 euros/cien kilos.

Pero COAG apunta que Marruecos envía 500.000 toneladas, lo que «quiere decir que 230.000 o 240.000 deben pagar tasas arancelarias» y, según Góngora, no se están liquidando.

En la práctica, ha añadido, eso significa que el tomate marroquí se puede vender más barato en la UE compitiendo con las producciones españolas o francesas, lo que se está viendo en los precios bajos a los que se está vendiendo en mercados como el de Perpiñán (Francia).

Góngora ha señalado que el fraude podría ser superior, porque desde Marruecos se importan otras frutas y hortalizas y también por no certificarse el origen de los productos que llegan del Sahara, ante lo que COAG está empezando a estudiar acciones legales, dirigidas a los tribunales de la UE.

En ese sentido, COAG estudia varias vías, ha detallado: recurrir al Tribunal de Cuentas de la UE, para exigir que los Estados miembros promuevan el pago aduanero, y una segunda, denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE, por el perjuicio a los productores y a los ciudadanos.

Una tercera vía sería dirigirse a la Comisión Europea y pedir en el ámbito de Competencia que se investigue la «venta a pérdidas».