El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha visitado hoy la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional en Motril, donde ha supervisado este servicio, que está en coordinación con el resto de activos del Sistema Viogén y que tiene asignados en la localidad a 262 casos (con 206 víctimas y 216 autores). “Se trata de una unidad que desarrolla un trabajo muy exigente en lo personal y en lo profesional para que ninguna víctima se sienta desatendida y que está dando una respuesta integral y eficaz frente a los maltratadores”, ha subrayado, al tiempo que ha calificado como “misión vital para la protección de las mujeres y menores en Andalucía” la labor que desarrollan junto con los equipos EMUME de la Guardia Civil.

Fernández, acompañado del subdelegado en Granada, José Antonio Montilla, y del jefe superior de la Policía Nacional en Andalucía Oriental, Luis Jesús Esteban Lezaún, ha explicado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado mantienen desplegados en Andalucía equipos de respuesta frente a la violencia de género, de los que las UFAM de la Policía Nacional atienden a un total de 11.214 casos, de los que 621 son en la provincia de Granada la mayoría en entornos urbanos que se corresponden a las localidades de Motril, Baza y Granada capital. Estas unidades centran su actuación en la prevención e investigación de las infracciones penales sobre violencia de género, doméstica y sexual.

Actualmente son 27.376 los casos activos en el Sistema Viogén –2.829 en la provincia de Granada–, “de los que 216 en Andalucía son de alto riesgo y extremo”, ha indicado Fernández.

Junto a las unidades especializadas de la Policía Nacional, los Equipos de la Mujer y de Menor (EMUME) de la Guardia Civil disponen de 59 puntos de atención en Andalucía para dar una respuesta frente a este tipo de violencia contra las mujeres y menores, mayoritariamente en municipios pequeños y entornos rurales, lo que en conjunto constituye una estructura clave en la investigación, evaluación del riesgo y la protección, que aborda la violencia machista de forma multidisciplinar tras su inclusión en el Sistema VioGén”.

El delegado ha explicado que “independientemente de estas unidades, cualquier víctimas o personas que sospeche de la existencia de violencia de género, puede denunciar en las comisarías de la Policía Nacional o dependencias de la Guardia Civil”, un paso que ha considerado “esencial para poder conocer el caso, investigar los hechos y acabar con el ciclo del maltrato”.

Ha recordado que también se puede llamar al 016, teléfono que ofrece información general, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata, 24 horas al día, siete días a la semana, por personal especializado a todas las formas de violencia contra las mujeres. Además, a través del WhatsApp 600 000 016 y del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es, se puede recibir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de violencia de género, así como el asesoramiento jurídico de 8:00h a 22:00 h todos los días de la semana, con atención en 52 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Pulseras de alejamiento

“Todas las herramientas puestas a disposición de las víctimas y de su entorno son esenciales para protegerlas, para investigar los casos y para evitar que un maltratador pueda continuar ejerciendo”, ha incidido Fernández, que se ha referido también a las pulseras de alejamiento impuestas por los juzgados de Violencia de Género para el cumplimiento de orden de protección y de alejamiento, de las que se encuentran activas 1.586, 486 de ellas en la provincia granadina.

Precisamente, la provincia de Granada cuenta con tres unidades UFAM, una por cada comisaría de la Policía Nacional, en Granada, Baza y Motril, a las que se suman los Equipos Mujer-Menor de la Guardia Civil (EMUME), adscritos Unidad Orgánicas de Policía Judicial.

Pedro Fernández ha recordado que la lucha contra la violencia de género “no es un asunto que se circunscriba al entorno familiar, ni un asunto aislado, sino un problema social, una lacra en pleno siglo XXI donde todos, ya seamos instituciones, partidos políticos, administraciones o la propia sociedad civil debemos organizarnos para conformar un bloque frente a quienes siguen ejerciéndola y a quienes niegan su existencia”, ha concluido.