Motril: El PSOE vuelve a denunciar la situación de la Residencia de Mayores San Luis
La portavoz adjunta socialista, Gádor Domínguez, vuelve a denunciar la marginación a la que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Motril tiene sometida en los Presupuestos Municipales a la Residencia Pública de Mayores San Luis. De nuevo, se observa que los presupuestos son idénticos a los de años anteriores. La Residencia San Luis, un servicio público esencial dependiente del Consistorio motrileño, carece cada año de una inversión adecuada a sus necesidades y enfrenta irregularidades en las contrataciones del personal, las cuales no se ven resueltas con el presupuesto de 2025.
La portavoz destaca que la Residencia de Mayores de San Luis es el único centro público en la comarca, con la mayoría de sus plazas destinadas a personas mayores con necesidades económicas. Según Domínguez, «este servicio público debería ser prioritario para la Alcaldesa, pero lamentablemente se observa una preferencia por gastar en obras con presupuestos demasiado altos, en lugar de invertir en las necesidades esenciales de los mayores. Se cuenta con un gran número de profesionales valiosos que llevan años inmersos en un conflicto laboral sin solución por parte de este Equipo de Gobierno. Sus puestos de trabajo, tras muchos años, no están reconocidos por el Ayuntamiento en una Relación de Puestos de Trabajo, lo que les perjudica en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. El conflicto ha generado cinco reuniones fallidas del SERCLA sin llegar a ningún acuerdo, lo que ha desembocado en un juicio programado para el próximo 10 de diciembre. Los trabajadores lo único que desean es que se reconozcan sus complementos específicos y de turnicidad, recuperar las ayudas sociales como el resto del personal del Ayuntamiento y no encontrarse en esta situación precarizada».
Domínguez también critica otro de los grandes problemas «que arrastra la gestión del PP y PMAS respecto a este servicio público: la falta de creación de una Bolsa de Empleo Público para la Residencia en los cinco años transcurridos. En lugar de ello, han estado recurriendo a una empresa privada que actúa como intermediaria laboral, contratada durante la emergencia de la pandemia, y que al parecer carece de legalidad contractual. Se introducen, así, diferencias y desigualdades entre el personal fijo público de la Residencia y el contratado por la empresa de intermediación, generando inquietud sobre cuándo la Sra. Chamorro piensa solucionar este problema. La empresa privada facturaría cerca de treinta mil euros mensuales al Ayuntamiento por proveer trabajadores a la entidad pública».
Gádor Domínguez recalca que es obligación del Ayuntamiento crear una Bolsa de Empleo para cubrir bajas y vacantes. «Al no hacerlo, el Ayuntamiento está vulnerando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, contratando personal de manera arbitraria a través de esta empresa. Para ella, este tema relacionado con la contratación laboral a través de una empresa privada es motivo de gran preocupación, sumado a la incapacidad del Gobierno de gestionar la Residencia de manera eficiente y conforme a la normativa legal durante cinco años».
Al conflicto laboral «se suma el estado deficiente del edificio, donde la falta de mantenimiento desde la última remodelación, hace más de 10 años, ha dejado el lugar en condiciones antiguas y de absoluta dejadez, sin pintar y con una parte trasera completamente abandonada».
Desde el Grupo Municipal socialista, se reafirma el compromiso con los mayores, los trabajadores y el servicio público de calidad que ofrece esta Residencia «gracias al capital humano de sus profesionales, rechazando el abandono en su gestión y oponiéndose a cualquier privatización que pueda afectar el servicio».