Las universidades públicas obtendrán luz verde para verificar los primeros 69 títulos de la nueva programación académica

La Consejería de Universidades ha autorizado el proceso de verificación de los planes de estudio de las primeras 69 de las 188 titulaciones universitarias contempladas en la nueva programación académica que se implantará a partir del curso 2025/2026 en el sistema público de educación superior. De ese conjunto, 17 son grados, 39 son másteres y 13 doctorados. Tras la aprobación el pasado mayo de esta planificación, después de un trabajo conjunto entre la Administración autonómica y los rectores, el Ejecutivo autonómico ha puesto en marcha esta segunda fase con la emisión de informes preceptivos previos, que permiten activar la verificación y la posterior aprobación e impartición de las enseñanzas. De acuerdo con el decreto de ordenación de las enseñanzas universitarias en la comunidad, aprobado en 2023, esos informes previos evalúan la adecuación de los títulos a los objetivos y criterios fijados en la programación, así como su viabilidad académica y social.

La Consejería de Universidad abrió el pasado mes de septiembre la primera convocatoria para que las diez instituciones académicas públicas pudieran remitir ya sus solicitudes con la documentación necesaria para someterse a esta autorización previa. En esta primera ventana se han presentado 73 titulaciones, de las cuales el 93,52%, es decir, 69, han recibido informe favorable, mientras que las cuatro restantes también han obtenido el visto bueno de la Administración autonómica, aunque de forma condicionada, por lo que deberán subsanar las observaciones realizadas para poder continuar con el procedimiento.

Para la correcta valoración de la Consejería de Universidad en este paso previo, las instituciones académicas públicas han tenido que pronunciarse en la documentación aportada sobre una serie de criterios contemplados en la propia programación académica. Entre ellos, destacan la estructura socioeconómica, la inserción laboral y la formación dual, la viabilidad de las nuevas titulaciones, el equilibrio territorial de la oferta de enseñanzas, los títulos conjuntos o la internacionalización. Asimismo, se han evaluado el principio de especialización de la universidad y complementariedad de la programación, la suficiencia de recursos de personal e infraestructuras, la solvencia y viabilidad económica y el aseguramiento de la calidad.

Atendiendo a esos parámetros, las universidades han tenido que aportar datos prospectivos que justifiquen la inserción de la enseñanza en el sistema productivo, así como información sobre la absorción de los egresados en el tejido empresarial, prestando mayor atención a conocimientos relacionados con los idiomas, la innovación, las TIC y el emprendimiento. De igual modo, se les ha requerido que demuestren la viabilidad de la enseñanza con un estudio de la evolución de titulaciones afines en los últimos cursos en el sistema universitario andaluz y español. En este caso, además, las universidades deben demostrar que los estudios de grado presentados tendrán un número de estudiantes de nuevo ingreso en torno a 60, y en el supuesto de los másteres, que contarán con unos 30.

En cuanto al equilibrio territorial, las instituciones académicas tienen la obligación de hacer una valoración de la zona de influencia del título respecto al mapa de enseñanzas. Además, teniendo en cuenta lo que establece la normativa, la Consejería de Universidad evalúa favorablemente que los másteres se impartan en modalidad conjunta, por ser un elemento cohesionador del sistema universitario que favorece su eficiencia y equilibrio.

La internacionalización y los recursos como criterio

En el informe previo también se atiende el componente de la internacionalización, ya que se toman en consideración aspectos como la formación en otro idioma, especialmente en inglés, la movilidad de los estudiantes, la captación de alumnado extranjero o la disponibilidad de un personal docente e investigador con las competencias adecuadas para realizar su actividad en otras lenguas. Se valoran, igualmente, aquellos títulos en los que, al menos, un 50% de los créditos sean impartidos en una segunda lengua, formen al estudiantado en la competencia lingüística y le preparen para un mundo laboral donde es primordial el conocimiento de uno o más idiomas extranjeros.

En materia de suficiencia de recursos, la universidad tiene que acreditar que dispone del personal docente e investigador para cubrir, al menos, el 85% de la oferta de créditos del título. Para las enseñanzas con mención dual, conjuntos e internacionales, la referencia mínima se establece en un 75%. En el caso de las enseñanzas virtuales e híbridas, es necesario describir los medios materiales y servicios disponibles para el cumplimiento de los objetivos de esta modalidad.

Respecto a la solvencia y la viabilidad económica, las universidades están obligadas a aportar una memoria económica que contenga los datos relativos a las infraestructuras materiales, los recursos de personal docente e investigador y de plantilla técnica, de gestión, y de administración y servicios para impartir la nueva enseñanza. Esa información tiene que detallarse por cada curso, desde su puesta en marcha hasta su total implantación, además de las fuentes de financiación.

Una vez informada favorablemente la solicitud de las universidades, la Junta lo comunicará a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), que será la encargada de evaluar el contenido de los planes de estudio. En esta fase de verificación, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades es el responsable de adoptar la última decisión considerando dicha valoración.

Una programación de 188 títulos para el sistema público

La nueva planificación, que contempla 188 enseñanzas para las diez universidades públicas, se implantará en el periodo comprendido entre 2025 y 2028. De ese conjunto, 40 son grados, 126 son másteres y 22 son doctorados. Todas esas enseñanzas se reparten casi al 50% entre las ramas de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y de Ciencias Sociales y de Salud, 37 de ellas tienen carácter interuniversitario y 23 son duales. Esta nueva oferta universitaria para los próximos años viene a reforzar la educación superior en sectores estratégicos de la comunidad, a alcanzar el mayor grado de eficiencia reordenando el uso de los recursos y del capital humano de las instituciones académicas y a asegurar el compromiso con los territorios de la región y su sostenibilidad a nivel económico, cultural y social.

Con esta planificación, Andalucía contará con una programación universitaria actualizada tras catorce años con una oferta congelada, lo que ha comprometido la competitividad de las instituciones académicas y la respuesta a las necesidades actuales del mercado laboral y de los avances tecnológicos.