La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública denuncia al SAS “por las prolongadas esperas sanitarias”
Foto Ramón Martín
La Mesa en Defensa de la Sanidad Pública (MDSP) de Granada ha presentado ante la Fiscalía Provincial de Granada, una denuncia alegando que las prolongadas esperas sanitarias ponían en peligro la vida de los andaluces. Según la MDSP, los tiempos de espera del Servicio Andaluz de Salud (SAS), especialmente en consultas y pruebas diagnósticas, podían tener “consecuencias graves, irreversibles e incluso fatales” al retrasar el tratamiento de patologías graves, lo que consideraban una vulneración de los derechos fundamentales a la protección de la salud y a una atención sanitaria adecuada y oportuna.
La organización ha señalado que, durante años, el SAS había sido un pilar fundamental del sistema público de salud, ofreciendo una atención sanitaria universal, equitativa y de calidad. Sin embargo, afirman que los recortes presupuestarios, la reducción de personal y las medidas restrictivas impuestas en los últimos años habían deteriorado gravemente la atención sanitaria en Andalucía.
La Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía estimó que el tiempo medio para obtener un diagnóstico completo oscilaba entre diez y dieciséis meses, lo que excedía los estándares razonables de atención sanitaria efectiva. Indicaron que, en casos de patologías graves como el cáncer, estos tiempos de espera podían suponer la diferencia entre la vida y la muerte. En otros casos, las demoras empeoraban la progresión de las enfermedades, llegando a constituir un riesgo vital o una discapacidad permanente.
Ante esta situación, la MDSP considera que la legalidad de estas circunstancias debía ser revisada, ya que sentencias judiciales recientes habían considerado delito el retraso en diagnósticos y tratamientos evitables en casos individuales. Según la Mesa, este problema se había convertido en sistémico, afectando a la población en general y siendo necesario abordarlo a nivel judicial.
Por ello, ha soliccitado a la Fiscalía Provincial de Granada que abriera una investigación para determinar si los tiempos de espera prolongados en el SAS constituían una vulneración de los derechos de los pacientes y si era procedente presentar una denuncia contra el Sistema Andaluz de Salud por poner en peligro la vida y la salud de los ciudadanos andaluces.