La AJFV denuncia el reparto político en los nombramientos judiciales y reclama transparencia y mérito

Desde la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) queremos expresar públicamente nuestra preocupación ante los nombramientos discrecionales realizados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante este año 2025. Llevamos meses analizando lo que está ocurriendo, y creemos que ya no se puede seguir guardando silencio.

Lo que vemos no es un sistema de nombramientos basado en el mérito, la capacidad o la excelencia profesional, como cabría esperar en un órgano tan importante. Lo que vemos, con tristeza, es una dinámica que se repite una y otra vez: nombramientos acordados de forma unánime entre bloques claramente definidos dentro del CGPJ, que responden más a equilibrios entre asociaciones con poder que a una valoración justa de cada candidatura.

Lo decimos con claridad: parece que las plazas se reparten de antemano, como si fueran cromos. Y esto, más allá de lo que pensemos nosotros como asociación, salta a la vista para cualquiera que observe de forma imparcial lo que está ocurriendo.

Los datos hablan por sí solos. En 2024, la carrera judicial estaba formada por más de 5.400 jueces. De ellos, un 26% pertenece a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), un 17% a la AJFV, un 8% a Juezas y Jueces por la Democracia (JJpD), un 6% a Foro Judicial Independiente (FJI), y un 42% no está asociado a ninguna entidad.

Sin embargo, si miramos los nombramientos de este año, vemos que el 75% de las plazas en las que hubo más de un candidato fueron para miembros de APM y JJpD, las dos únicas asociaciones representadas en el CGPJ. La AJFV, a pesar de ser la segunda asociación en número de miembros, apenas recibió el 4% de esas plazas. Y el colectivo más numeroso, el de jueces no asociados, recibió menos del 19%.

¿Es justo? ¿Es esto lo que necesita una justicia independiente y al servicio de la ciudadanía?

Además, en casi 40% de los casos solo se presentó un candidato a la plaza. Esto impide cualquier análisis real sobre si esa persona era la mejor opción. Y en los casos con competencia, la tendencia a favorecer siempre a los mismos perfiles deja poco espacio para la duda.

Llevamos años —más de cinco— esperando la renovación del CGPJ. Y lo que hemos visto desde entonces es un órgano bloqueado, sometido a la lógica de los partidos que lo nombraron, sin participación directa de la carrera judicial, en contra de lo que marca nuestra Constitución y de lo que vienen recomendando, una y otra vez, las instituciones europeas.

Como asociación, no pedimos privilegios ni cuotas. Lo que pedimos —y creemos que es lo mínimo exigible— es que las decisiones más importantes del sistema judicial, como son los nombramientos en los puestos de mayor responsabilidad, se tomen con criterios objetivos, con transparencia y con respeto al principio de igualdad. Que se mire a cada candidato por lo que ha hecho, no por a quién está afiliado. Que se apueste, en definitiva, por los mejores.

Porque de todo esto no depende solo la carrera profesional de unos pocos. Depende, sobre todo, la confianza que los ciudadanos puedan seguir teniendo en la independencia e imparcialidad de su justicia.