La muerte reciente de la propietaria de una vivienda en pleno centro de Granada acabó derivando en un procedimiento judicial por presunta ocupación ilegal y falsificación documental. La Fiscalía solicita ahora para el acusado una pena de un año y tres meses de prisión, además de una multa de 1.800 euros, al considerar que intentó mantenerse en el inmueble utilizando un contrato de alquiler supuestamente manipulado.
El caso se remonta a marzo de 2024, cuando el hombre accedió a un piso situado en la calle Pedro Antonio de Alarcón, aprovechando que la vivienda había quedado vacía tras el fallecimiento de su dueña habitual. Según sostiene el Ministerio Público en su escrito de acusación, el objetivo era instalarse allí de forma permanente.
Fueron los hijos de la fallecida quienes detectaron la presencia del acusado en el inmueble y le reclamaron explicaciones. Él respondió asegurando que residía legalmente en la casa y que disponía de un contrato de arrendamiento firmado, supuestamente, por la propietaria antes de morir.
La situación terminó en los juzgados. Durante el procedimiento, el acusado aportó ese documento como prueba de la existencia del alquiler, lo que llevó al juez a paralizar inicialmente el juicio y abrir una investigación específica para comprobar la autenticidad de las firmas. Para ello se ordenó una pericial caligráfica.
El resultado de ese análisis fue determinante. Los especialistas concluyeron que las rúbricas atribuidas a la propietaria no habían sido realizadas por ella, desmontando así la validez del contrato presentado en sede judicial. A raíz de ello, la Fiscalía mantiene la acusación por un delito relacionado con la ocupación del inmueble y otro de estafa procesal en grado de tentativa, al entender que el documento habría sido utilizado para influir en la resolución judicial del caso.