La Subdelegación del Gobierno en Granada y la Sociedad Cooperativa Andaluza de Interés Social Claros han formalizado hoy la adhesión de esta entidad a la red de Puntos Violeta, convirtiéndose en la primera empresa de la provincia en incorporar este recurso impulsado por el Ministerio de Igualdad para la prevención y atención frente a la violencia de género.
Con esta incorporación, Claros se suma a los 58 puntos de entidades de la Administración General del Estado y a las seis entidades colaboradoras que ya forman parte de esta red de espacios seguros en la provincia de Granada, destinados a ofrecer información, orientación y apoyo a mujeres que puedan estar sufriendo una situación de violencia de género o se encuentren en riesgo de padecerla.
El subdelegado del Gobierno en Granada ha agradecido la implicación de la cooperativa y ha subrayado que “los Puntos Violeta son un instrumento fundamental porque son lugares seguros en los que la mujer recibe información y sabe que va a encontrar personas formadas que la van a atender ante esta situación”. En este sentido, ha insistido en que el objetivo es “implicar a toda la sociedad en esta lucha contra la violencia de género”.
Igualmente ha incidido en la relevancia de esta adhesión por el perfil de población con el que trabaja la cooperativa. “Resulta especialmente interesante el Punto Violeta en Claros porque trabaja sobre todo con personas mayores en muchos municipios de la provincia de Granada. Nos preocupa especialmente la violencia de género en personas mayores, ya que está comprobado que tardan muchos años, más de 20 de media, en denunciar estas situaciones”.
Por su parte, la responsable de Igualdad de Claros, María del Mar Franco Sabiote, ha explicado que esta iniciativa forma parte del compromiso social y de igualdad de la entidad. “Somos una cooperativa integrada en un 93% por mujeres, ya que trabajamos en el sector sociosanitario de cuidados, un ámbito muy feminizado. Tenemos una conciencia muy clara de cómo trabajar la igualdad dentro de nuestra cooperativa”, ha afirmado.
Franco Sabiote ha destacado además el papel cercano que desempeña la cooperativa en numerosos municipios de la provincia a través del servicio de ayuda a domicilio. “Queremos ser un referente para todas las mujeres, tanto trabajadoras de nuestra plantilla como vecinas de los municipios, para que identifiquen nuestras oficinas como espacios seguros también frente a la violencia de género”, ha explicado.
La responsable de Igualdad de Claros ha avanzado igualmente que la cooperativa está formando a sus coordinadoras para detectar posibles situaciones de violencia y actuar en consecuencia. “Queremos que las personas que entren en nuestras oficinas, ya sean trabajadoras, usuarias o vecinas, sepan que pueden acudir a nosotras si sufren algún problema relacionado con la violencia de género”, ha añadido.
La cooperativa cuenta en toda Andalucía con 31 centros, más de 3.400 puestos de trabajo creados y 27.000 personas atendidas.
Una red en expansión
Con esta incorporación, Granada amplía su red de Puntos Violeta de la AGE, que ya cuenta con 15 organismos estatales adheridos y 58 puntos distribuidos en diversas oficinas públicas. Entre ellos, se encuentran la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), la Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Muface, la Inspección de Trabajo, el Centro de Inserción Social Matilde Cantos, la Subdelegación del Gobierno, el Centro Penitenciario de Albolote, la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, entre otros.
Además, las asociaciones Mujeres en Zona de Conflicto, Cruz Roja, Asociación Engloba, Fundación Cruz Blanca Granada, Fundación Solidaridad Amaranta e Inserta Andalucía, también tiene firmados el protocolo de adhesión a la red de Puntos Violeta de la Administración General del Estado.
«Granada es un referente en Andalucía en la implicación de los organismos del Estado y de las entidades colaboradoras en esta iniciativa. La ampliación de la red al mundo empresarial supone dar un paso más en la cobertura asistencial a las víctimas de violencia machista, garantizando que puedan acceder a información y ayuda independientemente de la Administración o la entidad a la que acudan», ha concluido Montilla.